Luego de entregar este lunes el paquete de 20 reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que “pretenden retomar el sentido social de la Constitución”.

“Iremos detallando con los diferentes funcionarios que han venido trabajando en estas reformas para poder, no solamente dar claridad, sino también responder a cualquier duda”, señaló la titular de Segob.

Durante la conferencia mañanera de este martes, la funcionaria repaso las 20 reformas:

Reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos.
Reafirmar el derecho a la pensión a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres.
Garantizar atención médica integral gratuita.
Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Prohibir en México el maíz transgénico y el fracking, no otorgar concesiones mineras a cielo abierto.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco.
No permitir el aumento al salario mínimo, menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestros, policías, marinos y no podrá ser menor al que reciben los trabajadores al IMSS.
Plantea revertir reformas de pensiones y propone, para mayo, un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco .
Garantizar el derecho a la educación y el trabajo.
Los campesinos contarán con un jornal seguro y permanente.
Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionadas con Ernesto Zedillo. El Estado está obligado a garantizar el derecho a los servicios de internet, con empresa pública o mediante concesiones. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública y estratégica, agrega.
La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos. Disminuir regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales.
Apunta que magistrados y consejeros de organismos electorales deberán ser electos por los ciudadanos. Menciona una reducción al 30% para que las consultas sean vinculantes.
Que la Guardia Nacional pase a la Sedena.
Convertir en política de Estado la austeridad republicana.
Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos, “supuestamente autónomos del pueblo” creados en el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público