En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto precautorio para el ejercicio fiscal de 2025, para la organización de una eventual Consulta Popular y los proyectos específicos relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. Ambos formarán parte del Anteproyecto de Presupuesto del INE para el 2025. 

Para el primer caso, el presupuesto precautorio aprobado es de $4,620,764,137.00 (cuatro mil seiscientos veinte millones setecientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con la siguiente distribución: 


 En el caso del PEEPJF 2024-2025, el presupuesto precautorio asciende a $13,205,143,620.00 (trece mil doscientos cinco millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con la siguiente distribución: 


El acuerdo señala que el presupuesto precautorio para el PEEPJF 2024-2025 se constituye conforme al Plan Estratégico del INE 2016-2026, observando lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo que respecta a que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Además, el Consejo General consideró el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional 203/2020 que determinó que el INE tiene la obligación legal y la responsabilidad de prever recursos adicionales para garantizar la eficacia y transparencia, en caso de realizar una Consulta Popular, criterio aplicable de forma análoga para prever adecuadamente un presupuesto precautorio que, en su caso, será necesario para llevar a cabo un PEEPJF ordenado y eficiente. 

Lo anterior, acorde a la obligación del INE de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía en los procesos comiciales, lo que obliga a la institución a tomar las medidas eficaces para evitar afectaciones a esos derechos o se vean mermados ante la falta de previsión presupuestal.